El asesinato de una estudiante española reaviva la alarma por la violencia machista en universidades mexicanas

El asesinato de Claudia Tacoronte, una estudiante española que realizaba un intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), ha desatado una ola de indignación en México y en España. Su muerte se suma a una lista de al menos cuatro homicidios de mujeres vinculadas a esa institución en los últimos siete meses, lo que ha puesto a la universidad en el centro de un debate nacional sobre la seguridad de las estudiantes.

Aunque el crimen ocurrió en territorio mexicano, la noticia resuena con fuerza entre la comunidad latina e hispanohablante en Estados Unidos, donde miles de familias envían a sus hijos a estudiar en universidades de América Latina como parte de programas de intercambio académico. El caso reabre preguntas sobre los protocolos de seguridad que las instituciones ofrecen a estudiantes extranjeros, un tema que preocupa tanto a padres latinoamericanos radicados en Estados Unidos como a familias europeas que envían jóvenes a la región.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado en distintas ocasiones que los feminicidios en México muestran una tendencia a la baja durante su gestión, citando estadísticas oficiales que respaldarían una mejora en la seguridad de las mujeres. Sin embargo, casos como el de Tacoronte contrastan con ese discurso y alimentan el escepticismo de organizaciones civiles, que insisten en que las cifras oficiales no reflejan la magnitud real del problema ni la percepción de inseguridad en espacios universitarios.

México enfrenta desde hace más de una década una crisis estructural de violencia de género, con estados como el propio Morelos figurando reiteradamente entre los que registran mayores tasas de feminicidio por cada 100.000 habitantes. Las universidades públicas, pese a ser espacios pensados para la formación y el desarrollo profesional, no han estado exentas de esta violencia, y en los últimos años se han multiplicado las denuncias de estudiantes sobre acoso, desapariciones y agresiones dentro y fuera de los campus.

El movimiento feminista latinoamericano, que desde 2019 ha cobrado una visibilidad sin precedentes con marchas multitudinarias cada 8 de marzo, ha convertido casos como este en símbolos de una lucha más amplia. Colectivos de estudiantes de la UAEM han exigido a las autoridades universitarias y estatales la implementación de protocolos de emergencia, iluminación adecuada en los campus, sistemas de alerta y una investigación exhaustiva de los cuatro casos registrados en menos de un año.

La comunidad universitaria de Morelos ha manifestado su rechazo a lo que describen como una falta de respuesta institucional oportuna. Diversas voces académicas han señalado que la reiteración de crímenes contra mujeres dentro de un mismo entorno educativo evidencia fallas sistemáticas en la prevención, más allá de la resolución individual de cada caso.

Para las familias de estudiantes extranjeros, el caso de Claudia Tacoronte introduce un elemento adicional de preocupación: la seguridad de quienes participan en programas de movilidad académica internacional. España, con una comunidad universitaria activa en convenios de intercambio con México, ha seguido de cerca el caso, y se espera que las autoridades consulares españolas mantengan comunicación con las instituciones mexicanas involucradas.

El caso también pone en discusión el rol de organismos internacionales y agencias de intercambio académico en la evaluación de riesgos antes de enviar estudiantes a determinadas regiones. Universidades de Estados Unidos y Europa que mantienen convenios con instituciones latinoamericanas podrían verse presionadas a revisar sus protocolos de seguridad y acompañamiento para alumnos que estudian en el extranjero.

Mientras tanto, las autoridades de Morelos han indicado que las investigaciones sobre el crimen de Tacoronte continúan abiertas, en medio de la presión pública por esclarecer no solo este caso, sino los tres homicidios previos que han marcado a la comunidad universitaria en los últimos meses. La expectativa de estudiantes, familiares y organizaciones civiles es que el caso no quede impune y que derive en cambios concretos en materia de seguridad institucional.