En Colombia, el terremoto dejó otra herida que pocos quieren nombrar: la salud mental

El reciente terremoto en Colombia dejó, además de daños materiales visibles, un rastro de consecuencias que no se registran en los reportes de infraestructura: el impacto psicológico en miles de personas que vivieron el sismo en carne propia. Especialistas en salud mental que trabajan en las zonas afectadas advierten que la ansiedad, el insomnio y el estrés postraumático comenzaron a manifestarse apenas horas después del movimiento telúrico, aunque su magnitud real recién empieza a dimensionarse.

A diferencia de una fractura o una vivienda colapsada, las heridas invisibles que deja un desastre natural no siempre son reconocidas como una prioridad de atención. En comunidades donde los recursos y la urgencia se concentran en la reconstrucción física, el acompañamiento emocional suele quedar relegado a un segundo plano, incluso cuando los síntomas psicológicos pueden prolongarse durante meses o años si no reciben tratamiento adecuado.

Uno de los principales obstáculos que enfrentan quienes intentan acceder a ayuda, según los propios profesionales del sector, es el estigma social que todavía rodea a la salud mental en buena parte de América Latina. Pedir asistencia psicológica suele interpretarse, en ciertos entornos, como una señal de debilidad o como un asunto reservado para casos extremos, lo que retrasa o directamente impide que las personas busquen contención en el momento en que más la necesitan.

Este tabú no es exclusivo de Colombia: atraviesa a gran parte de la región y también se replica dentro de las comunidades latinas que residen en Estados Unidos, donde barreras culturales, idiomáticas y económicas suelen sumarse a la falta de cobertura médica adecuada. Diversos estudios sobre salud pública han señalado que los hispanos en el país norteamericano acceden a servicios de salud mental en proporciones significativamente menores que otros grupos poblacionales, pese a presentar niveles similares o superiores de necesidad.

En el caso puntual de los desastres naturales, la literatura especializada es clara: los efectos psicológicos suelen aparecer en distintas etapas. Primero, el shock inicial y la hiperalerta; luego, cuadros de ansiedad y trastorno de estrés postraumático que pueden consolidarse si no hay una intervención temprana; y finalmente, en los casos no atendidos, cuadros crónicos de depresión o aislamiento que afectan la calidad de vida a largo plazo.

La experiencia de otros países de la región golpeados por terremotos —como Chile, México o Ecuador— demostró que la incorporación de brigadas de salud mental en los protocolos de emergencia reduce de forma considerable las secuelas psicológicas a mediano plazo. Sin embargo, esa integración todavía es incipiente en muchos planes de contingencia latinoamericanos, donde la prioridad presupuestaria sigue recayendo casi exclusivamente en la infraestructura y la asistencia material inmediata.

Para la audiencia latina en Estados Unidos, el tema tiene una resonancia particular: buena parte de esa comunidad mantiene lazos familiares directos con las zonas afectadas y sigue de cerca el proceso de recuperación, muchas veces desde la distancia y con la angustia adicional de no poder acompañar presencialmente a sus seres queridos. Esa dualidad —preocupación emocional y limitaciones logísticas— es un fenómeno cada vez más estudiado entre las diásporas latinoamericanas.

Organizaciones no gubernamentales y colegios de psicólogos colombianos comenzaron a desplegar equipos de apoyo psicosocial en los albergues y zonas de reconstrucción, en un esfuerzo por instalar la idea de que la atención emocional es tan urgente como la asistencia médica o habitacional. El desafío, coinciden los especialistas, no es solo técnico sino cultural: normalizar la conversación sobre el malestar emocional en un contexto donde durante generaciones se privilegió el silencio y la resiliencia individual por sobre la búsqueda de ayuda externa.

El caso colombiano se suma así a un debate más amplio sobre cómo los sistemas de salud latinoamericanos —y también los que atienden a comunidades hispanas en Estados Unidos— deben repensar sus protocolos frente a catástrofes naturales, incorporando de manera estructural la dimensión emocional como parte indispensable de cualquier plan de recuperación.