La ONU denuncia 161 desapariciones forzadas y al menos ocho muertes bajo custodia en Nicaragua
Un informe de expertos de Naciones Unidas documentó 161 desapariciones forzadas en Nicaragua desde 2018 y al menos ocho muertes bajo custodia estatal. Entre los casos aparecen el hermano de Daniel Ortega y el líder indígena Brooklyn Rivera.
Por Redacción Diario Latina · 23 de septiembre de 2026 a las 6:05 p. m.
La situación de los derechos humanos en Nicaragua volvió a quedar bajo la lupa internacional. El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua presentó un nuevo informe en el que asegura haber verificado 161 casos de desaparición forzada desde abril de 2018 y documenta al menos ocho muertes de personas detenidas por motivos políticos mientras se encontraban bajo custodia del Estado.
El documento, titulado *“Anatomía de la crueldad estatal: desaparición forzada y muerte bajo custodia en Nicaragua”*, fue presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
De acuerdo con los expertos, las desapariciones y muertes analizadas no deben considerarse episodios aislados, sino que formarían parte de un patrón de represión contra sectores de la población considerados críticos u opositores al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La investigación reconstruye además una estructura institucional que, según el Grupo de Expertos, involucra a organismos como la Policía Nacional, el sistema penitenciario y otras instituciones estatales.
161 desapariciones forzadas desde 2018
Uno de los datos más graves del informe es la cantidad de personas que habrían sido víctimas de desaparición forzada en Nicaragua.
Los investigadores de Naciones Unidas aseguran haber verificado 161 casos desde abril de 2018. De acuerdo con la información difundida junto con el informe, 29 personas continúan con paradero desconocido.
Los expertos señalan además que, desde 2023, las desapariciones forzadas se convirtieron en un patrón represivo y que algunas víctimas permanecieron fuera de los registros oficiales.
La situación resulta especialmente delicada en el caso de personas mayores o con enfermedades crónicas que, según la investigación, estuvieron privadas de atención médica adecuada.
El Grupo de Expertos sostiene que los hechos documentados forman parte del ataque generalizado y sistemático contra la población civil que viene investigando en Nicaragua y considera que pueden constituir, *prima facie*, crímenes de lesa humanidad.
Ocho muertes bajo custodia del Estado
La investigación también aborda las circunstancias en las que murieron al menos ocho personas que habían sido detenidas por razones políticas.
Entre ellas se encuentran Humberto Ortega, general retirado, exjefe del Ejército y hermano del presidente Daniel Ortega, y Brooklyn Rivera, histórico dirigente indígena miskito, exdiputado y fundador del partido YATAMA.
La lista difundida también incluye a Eddy Antonio Montes, Santos Sebastián Flores, Jorge Hugo Torres, José Modesto Solís, Mauricio Francisco Alonso y Carlos Cárdenas.
Los expertos atribuyen estas muertes a una combinación de condiciones de detención deficientes, aislamiento y falta de atención médica, además de otras actuaciones de organismos estatales.
El caso de Brooklyn Rivera
El informe dedica especial atención al caso de Brooklyn Rivera, uno de los dirigentes indígenas más reconocidos de Nicaragua.
Rivera permaneció detenido durante casi tres años y atravesó extensos períodos en los que, según la investigación, las autoridades no informaron oficialmente dónde se encontraba.
El gobierno nicaragüense comunicó su muerte el 31 de mayo de 2026.
Los expertos analizaron los comunicados oficiales relacionados con el deterioro de su salud y su fallecimiento, además de una evaluación independiente realizada por Physicians for Human Rights.
Según sus conclusiones, existieron contradicciones e inconsistencias médicas en las explicaciones oficiales.
La ausencia de una autopsia y de una investigación independiente también aparece como uno de los puntos cuestionados por el informe.
El gobierno de Ortega y Murillo sostuvo que Rivera recibió atención médica y acompañamiento familiar durante su enfermedad.
El Grupo de Expertos pidió que sus restos sean entregados a su familia y a su comunidad para que puedan realizarse los correspondientes ritos funerarios miskitos.
La ONU reconstruyó una cadena de mando
Otro de los aspectos centrales de la investigación es el análisis de cómo habrían funcionado las instituciones estatales durante la represión.
Los expertos afirman haber reconstruido una cadena de mando y sostienen que los casos documentados responden a acciones coordinadas de distintas instituciones.
El informe sitúa bajo análisis el funcionamiento de la Policía Nacional, el sistema penitenciario, organismos de seguridad y el Poder Judicial.
El Grupo de Expertos considera que existe una estructura altamente centralizada en torno al poder ejercido por Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Nicaragua, bajo presión internacional desde 2018
La actual crisis política y de derechos humanos tiene uno de sus principales puntos de inflexión en abril de 2018.
Las protestas comenzaron inicialmente contra una reforma de la seguridad social, pero rápidamente se extendieron por distintas ciudades del país.
La posterior represión dejó más de 300 muertos, de acuerdo con Naciones Unidas y otros organismos internacionales.
Desde entonces, organizaciones internacionales vienen denunciando detenciones arbitrarias, restricciones a organizaciones civiles, persecución de opositores y críticos, y limitaciones al espacio político.
En las elecciones presidenciales de 2021, varios de los principales dirigentes opositores fueron detenidos antes de los comicios, lo que generó fuertes cuestionamientos internacionales sobre las condiciones de competencia electoral.
Ortega permanece de manera continua en el poder desde 2007, luego de haber gobernado Nicaragua durante la década de 1980.
Ortega anunció que no habría más elecciones para que la oposición llegue al poder
La publicación del nuevo informe de Naciones Unidas se produce además en medio de nuevos cambios políticos en Nicaragua.
En julio de 2026, Ortega declaró que no habría más elecciones que permitieran a sectores opositores intentar alcanzar el gobierno.
Posteriormente, la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, aprobó en primera instancia una reforma constitucional que restringe la participación política de personas y sectores definidos por el gobierno como vinculados con actos contra la soberanía, intentos de golpe de Estado o “traición a la patria”.
La reforma también plantea ampliar de seis a siete años los períodos de los cargos electivos. Al tratarse de una modificación constitucional, el texto debe atravesar una segunda aprobación legislativa para entrar plenamente en vigor.
Qué exige Naciones Unidas al gobierno de Nicaragua
Ante las conclusiones de la investigación, el Grupo de Expertos reclamó a las autoridades nicaragüenses que informen inmediatamente el paradero de las 29 personas que continúan desaparecidas.
También pidió la liberación de las personas detenidas por motivos políticos y la realización de investigaciones independientes sobre las muertes ocurridas bajo custodia estatal.
Además, los expertos instaron a otros países a fortalecer los mecanismos internacionales de rendición de cuentas, incluida la cooperación judicial.
El nuevo informe eleva nuevamente la presión internacional sobre el gobierno de Ortega y Murillo y coloca en el centro del debate una cuestión particularmente grave: qué ocurrió con las personas detenidas que desaparecieron o murieron mientras estaban bajo control de instituciones del Estado.